La vuelta de Vialidad: rutas deterioradas, recortes y el “club de la foto carnet”.
El año que termina no será un año más para el mundo de la obra pública vial. Empezó con un panorama oscuro, con la eliminación de Vialidad Nacional y con la fecha de inicio del caso Cuadernos, donde se juzga a los históricos empresarios dedicados al asfalto y a los proyectos de infraestructura pública.
Pero, pese a lo que se mostraba en el tablero de control, terminó con un pronóstico mucho mejor para aquel club. Vialidad resistió, los empresarios no pasaron jamás por la Justicia, les alcanzó con asomarse a una pantalla virtual y, como si fuese poco, el Gobierno lanzó las licitaciones para concesionar las rutas y aquellos imputados están más vivos que nunca, al punto que compiten y ganan negocios regulados por 30 años. La casta de la obra pública no se ha inmutado, mientras que las rutas están prácticamente abandonadas.
El fin de Vialidad empezó a gestarse en marzo, cuando trascendió el plan oficial. En julio, con el decreto 461/2025, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución de tres organismos emblemáticos: la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. En esa norma, además, se estableció que en reemplazo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se creaba la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un nuevo organismo que tendría a su cargo la fiscalización integral de los servicios de transporte terrestre urbano, suburbano y ferroviario en todo el país.
Aquel esquema empezó a ser cuestionado ni bien se conoció. Una semana después, la jueza federal Martina Isabel Forns hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el gremio, por considerar que el decreto “establece previsiones que limitan y condicionan el principio de estabilidad en el empleo público, en los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de Vialidad”.
Corrió el tiempo, y en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado empezaron a internalizar que Vialidad seguiría en pie. Y, finalmente, sucedió. Por estas horas ya no hay dudas de que aquellos planes se archivaron y que, ahora, sólo irán por una reducción clásica de la administración pública: retiros voluntarios, algún contrato que no se renueva y la merma propia por el paso del tiempo y las jubilaciones.
Mientras tanto, en el Presupuesto 2026 Vialidad tiene una caja que lejos está de aquellos años donde los dólares inundaban los pasillos de la entidad. Para ponerlo en números, el año que viene dispondrá de $659.878 millones, o lo que es lo mismo, US$447 millones, poco menos que nada para mantener una red vial colapsada por el tránsito y destrozada por décadas de desidia y corrupción que tuvo al asfalto, a los funcionarios y a los contratistas como protagonistas.
De aquel monto en pesos, $179.000 millones están destinados a los sueldos del personal, $25.179 millones para bienes de uso (papel, uniformes, etc) y $46.676 millones para pagos de servicios, como alquileres o reparación de maquinaria. En resumen, lo que se destina a obra pública serán $394.246 millones, o lo que es lo mismo, US$249,2 millones, una insignificancia para las destrozadas rutas argentinas.
Es ahí donde empieza el territorio del sector que se convirtió en el otro gran ganador del año: los empresarios de la obra pública imputados en la causa Cuadernos. Después de confesar un sistema de corrupción a cielo abierto y mientras se leen por Zoom las fechorías que hicieron durante los años kirchneristas, época en la que la mayoría de ellos se convirtieron en millonarios, los equipos técnicos de las constructoras hacen sus números y cálculos para quedarse con las rutas que el Gobierno empezó a concesionar.
